11 COMPAÑEROS ENFRENTAN A 3 AÑOS Y 6 MESE DE CÁRCEL POR PARTICIPAR EN HUELGAS Y PIQUETES

24 10 2007

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A finales del año 2003, CC.OO. Sevilla, con la solidaridad del PCE y la JCA hizo frente a un conflicto laboral generado en la empresa EXTRUPERFIL encuadrada en el sector metalúrgico. El origen del mismo fue el permanente incumplimiento del convenio por parte de la dirección de la empresa en temas relacionados con el empleo y las condiciones laborales de los y las trabajadores en la fábrica (jornada, pluses, prevención de riesgos laborales, etc.)

Estos incumplimientos fueron afrontados desde el Comité de Empresa, con mayoría de CC.OO., con la negociación como con la presión. Se trabajó en base a las garantías de empleo que afectaban tanto a los trabajadores eventuales y temporales propios de la empresa como a los puestos a disposición de la misma por ETT’s.

La respuesta del empresario no se hizo esperar, y comenzó una persecución contra los miembros del Comité de Empresa, y muy especialmente contra los delegados de CC.OO., basada en la apertura de expedientes disciplinarios y sanciones; continuó con el despido o la no renovación de los contratos del núcleo de trabajadores que con más fuerza apoyaban las posiciones del Comité de Empresa y, por último, concluyó con el despido de cuatro miembros del Comité de Empresa, pertenecientes a CC.OO.

Se celebraron asambleas de trabajadores que dieron el respaldo mayoritario a las propuestas del Comité de Empresa. Se inició, en primer lugar, una serie de paros parciales y, con posterioridad se efectuaron paros de 24 horas durante varias semanas.

En dicho conflicto se generó un clima de represión desacerbado contra la actividad sindical, tanto desde el ámbito empresarial como desde el ámbito policial (hemos de tener en cuenta que por entonces el Subdelegado del Gobierno en Sevilla era el que fuera recientemente candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido) consiguiendo que CCOO, sus representantes y los trabajadores tuvieran una sensación de total impunidad, mientras el empresario y la dirección de la empresa se mueven casi en el más absoluto desprecio a las normas laborales y salen prácticamente impune de dicha actitud, los trabajadores de la empresa y sus representantes, aquellos que se solidarizaron con ellos y los dirigentes sindicales de las diferentes estructuras son represaliados y criminalizados. Este hecho adquiere mucha más relevancia cuando se observa que las actitudes represivas del empresario son mucho menos castigadas, a pesar de contar con numerosas condenas en su contra.

A petición de la Fiscalía, hoy nos encontramos ante una posible condena de tres años y medio de prisión para 11 compañeros por “delito contra los trabajadores” por aplicación del art. 315.3 del Código Penal, delito contra los trabajadores que, en condiciones totalmente contrarias, mantuvieron una posición de dignidad y de lucha contando con la representación mayoritaria dentro de la empresa. Hoy está en juego la libertad de los compañeros Jesús, José María, Alexis, Luciniano, Figueroa, Rubén, Joaquín, Marcos, Miguel, Enrique y Alfonso.

Se trata, pues, de un nuevo intento de criminalización de la Acción Sindical y de la respuesta movilizadora de los trabajadores y trabajadoras ante la pérdida o el deterioro de su empleo. En definitiva, un nuevo intento de introducir el miedo, la tensión y la represión entre el conjunto de los y las trabajadores con el fin de silenciar las injusticias y la precarización del mercado laboral.

Extruperfil es un caso paradigmático para definir esta actuación. Nos encontramos con un empresario y una empresa que sistemáticamente incumplen los acuerdos del Convenio Sectorial que regulan la relación laboral en el ámbito de la provincia de Sevilla; que incumplen los propios acuerdos alcanzados con el Sindicato ante la Autoridad Laboral y que reprimen y despiden a los representantes legalmente elegidos por los trabajadores. Igualmente, utilizan toda su capacidad de influencia en los ámbitos políticos local, provincial y regional para desarrollar y afianzar su estrategia de represión y de precarización del empleo.

Lo que se intenta aquí es constreñir los legítimos derechos de representación y defensa de los trabajadores planteando, desde la Fiscalía, una petición de 3 años y medio de prisión para cada uno de los 11 imputados en el caso (Responsables de estructuras sindicales, miembros del Comité de Empresa, afiliados de base de CCOO y militantes del PCA-JCA).

Lo que nos jugamos es, a fin de cuentas, la libertad sindical que tanta sangre ha costado a la clase obrera de nuestro país. No podemos permitir que nos la quiten.

¡¡Viva la Lucha de la Clase Obrera!! ¡¡Basta de represión!!

Más información: PCA-Sevilla.

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